Se ha intervenido y sancionado a los infractores por cuatro depósitos de basura no autorizados
Al continuar el combate frontal contra los tiraderos clandestinos de basura, la Dirección de Ecología y Gestión Ambiental del Ayuntamiento clausuró un depósito en la colonia Prados de San Vicente, en atención a una serie de denuncias de la población, ya que además de la acumulación de desechos, con frecuencia procedían a su incineración, lo que generaba severos daños ambientales y a la salud de los vecinos.
La dependencia municipal informó que el tiradero se ubicaba en un terreno baldío de 2 mil metros cuadrados, cercano a la Clínica 50 del Seguro Social, a donde se envió maquinaria para recoger alrededor de 224 toneladas de desechos, la mayoría domésticos, pero también residuos provenientes de actividades industriales.
A la fecha, se han detectado 28 depósitos irregulares en la zona urbana, contra los que se procederá de acuerdo con la normatividad ambiental. Además de la clausura se aplicarán las sanciones correspondientes, que van de los 2 mil a los 5 mil pesos cuando es la primera ocasión, pero en caso de reincidencia podrían llegar a los 40 mil pesos.
En el caso de la intervención en la Colonia Prados, participó el personal de Ecología municipal, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana y de la Dirección de Protección Civil para apagar el fuego y llevar los desechos a un confinamiento autorizado, mientras que los residuos peligrosos recibieron tratamiento especial para evitar daños a la población o al medio ambiente.
La Dirección de Ecología del Ayuntamiento dio a conocer que se integran ya los expedientes para proceder contra los propietarios de predios convertidos en tiraderos no autorizados, así como contra los recolectores no autorizados, conocidos como “carretoneros”, quienes no llevan los desechos al confinamiento autorizado por el municipio.
Ecología municipal invitó a la ciudadanía a denunciar cuando detecten un tiradero clandestino para proceder como indica la normatividad, toda vez que ahora se cuenta con el sustento legal para aplicar sanciones y clausuras a fin de erradicar esta práctica, que representa un severo riesgo para la salud de la población.
