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¿UNA CONSULTA PARA QUÉ?
Por Emanuel del Toro.
Vaya modo de entender el sentido de nuestra vida pública y hasta la vida personal misma tiene el Presidente de México. Con instituciones que funcionan mal cuando no se doblegan a sus caprichos, y con delincuencias organizadas a las que elogia, porque se han “portado bien”, al punto de que en más de una localidad les ha terminado entregando directamente el poder político, porque esas sí parecen estar en sintonía con su proyecto. Pasando de ser llamados mafiosillos, a ser tenidos por aliados estratégicos del interés nacional, a los que se les debe reconocer con mayor contundencia, –tal y como dijera hace unos días Mario Delgado, cuando en una entrevista reconoció haber apoyado durante el periodo de campañas electorales al hoy gobernador electo de San Luis Potosí.
Por cierto, ¿desde cuándo tener aspiraciones en la vida y/o querer salir adelante para ser una mejor persona y dar de sí lo mejor de uno mismo se volvió algo de connotaciones tan negativas, como para incluso desacreditarlo públicamente? No tengo la menor idea. Cual si tener un pensamiento crítico y/o juicioso, sobre todo informado, fuese algo que lamentar y no algo que celebrarse. ¿En serio la manipulación de una sociedad sólo es susceptible de ocurrir entre quienes más tienen o estudian y nunca entre los que menos tienen o se preparan? ¿Y luego entonces el clientelismo electoral de gobiernos que entregan baratijas y/o apoyos y subsidios condicionándolos a cambio del voto no cuenta cómo manipulación?
Y que quede claro, que se critique la actual administración federal no significa que se esté a favor de las que le precedieron o que se piense que antes fue todo a pedir de boca. Porque, así como habrá quienes realmente lo crean, también habremos muchos que, pese a no estar de acuerdo con anteriores gobiernos, tampoco creemos que la respuesta sea la que se ha venido ensayando desde hace casi 3 años. Ni lo es en términos administrativos, ni lo es en términos políticos (donde se pacta con opciones igual o peor de reprobables de las que en otro tiempo se ha criticado), ni lo es en términos de discurso y fórmulas de comunicación.
Pongamos como ejemplo la consulta pública que se ha de realizar el 1 de agosto del presente año, quesque para determinar si es o no necesario enjuiciar a los expresidentes de los últimos 30 años, que, dicho de un modo más adornado, no sería otra cosa que un supuesto intento por esclarecer decisiones de actores políticos del pasado inmediato. Un ejercicio que por sí mismo no me dice absolutamente nada, lo que, es más, para ser sincero lo juzgo poco productivo y hasta por tomadura de pelo se le puede considerar.
Yo no es que piense que no hay responsabilidad en gobiernos pasados por las decisiones tomadas, pero la idea de consultar si esas decisiones deben o no surtir efectos legales sobre quienes las tomaron y ejecutaron, me parece poco menos que una mezquindad, que sólo sirve para jugar con el ánimo de la propia ciudadanía y no termina de resolver nada. Porque implica supeditar la intervención del Estado al ánimo de una ciudadanía, que sea como sea, lo que menos espera es que el mismo gobierno que ya eligió mediante el voto, le venga a consultar periódicamente, sobre si debe o no ejercer su autoridad.
Y no es sólo un problema de percepciones y legitimidad, o de la rigurosidad con la que los ejercicios de consulta se realicen para darles credibilidad, es además de gasto público, como de inoperancia de la ley; no es sólo que hacer consultas públicas cuesta –y mucho–, es además que realizarlas pone en entredicho la voluntad del gobierno por hacerse respetar, cuando tal pretensión no viene acompañada de un seguimiento efectivo de las instancias que pudieran materializar el aseguramiento jurídico de la cuestión. Lo que en efecto debería hacerse si se cree que administraciones anteriores afectaron deliberadamente el interés nacional, es probarlo y sancionarlo conforme a derecho.
Porque aún si la ciudadanía consigna la exigencia de que responsables del pasado público sean sometidos al escrutinio de las actuales autoridades, poco o nada se conseguirá si el más mínimo de los procedimientos quedara insuficientemente sustentado. Es un hecho que mientras las posibles estrategias legales a seguir para deslindar responsabilidades, no se ejecuten con la rigurosidad y el orden debidos, siempre prevalecerá la posibilidad de que aún si se demuestra la culpabilidad de quienes se juzga, estos terminen evadiendo a la justicia, por exactamente las mismas razones que lo han hecho siempre, vicios y/o fallas en los procedimientos, que lo único que consiguen es desprestigiar más, la ya de por sí minada credibilidad de nuestras instituciones.
Ahora bien, aun suponiendo que en efecto se termine por juzgar a actores de primer nivel de nuestro pasado inmediato que pudieran haber atentado contra el interés público, ¿hasta qué nivel de importancia se habrá de considerar responsabilidades? ¿Que por qué lo pregunto? Existan o no personas enjuiciadas que en efecto sean encontradas culpables, será muy difícil no asumir la cuestión como mera persecución política, no porque falten elementos que investigar y/o perseguir, sino porque no parece que la lógica de ajustar cuentas con el pasado vaya a terminar por responsabilizar a todos los que en efecto participaron.
Menos cuando es por todos sabido que no pocos de los propios responsables de dichas decisiones, se encuentran hoy previa reconversión partidista, fungiendo como actores de primer nivel en la actual administración federal, sin contar los numerosos casos de funcionarios federales del pasado, que en la actualidad perviven en encargos de menor importancia de distintos niveles de gobierno en provincia. Más claro todavía: ¿cuál es la ganancia de simular que se le otorga a la ciudadanía por medio de consultas públicas para ejercer justicia, una importancia que con el sistema electoral y de partidos se mancilla cuando se le moviliza, lo mismo con dádivas que con promesas irrealizables?
Insisto, someter a consulta la aplicación de la ley es poco menos que una mezquindad; no sé ya, si es burla, miedo o incompetencia. Nada o muy poco habrá de salir al montarse el numerito de que se somete la cuestión a consulta por tener en cuenta a la ciudadanía. Cuando esta lo que ha estado esperando desde hace años, es que por fin se dé un atisbo de congruencia al interior de una administración, cuya correspondencia entre lo que declara y en efecto termina haciendo, es prácticamente nula. Lo que hace su proceder indistinguible del de gobiernos anteriores con los que dice imposible las comparaciones.
junio 28, 2021
