“Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar al hombre, dale poder”
Abraham Lincoln
Las tendencias autoritarias provenientes desde las más altas cúpulas de la administración en turno van haciendo eco en otros ordenes de gobierno, particularmente en los ámbitos locales, donde aprovechan sus posiciones para concentrar el poder y satisfacer sus anhelos de monarcas regionales, sometiendo a todo aquel que se oponga o estorbe.
Más allá de un ánimo de justicia, el propósito consiste en enviar señales inequívocas de quien manda, sin importar excesos, abusos, prepotencia o actos al margen de la legalidad, cooptan a las instituciones y aplican la regla de la zanahoria y el garrote a sus integrantes, quienes por lo regular eligen la primera, convirtiéndose en obedientes cómplices del árbol envenenado.
Los caciques estatales rompen el esquema de división de poderes incluso con la complacencia de dicentes diputados de oposición, quienes se prestan a perversos y denigrantes actos esperando recompensa, a costa de los principios que dijeron defender.
Un caso emblemático se ha presentado en el Estado de San Luis Potosí, donde es evidente la rivalidad política que desde hace años tienen el actual gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y el exalcalde Francisco Xavier Nava Palacios, enfrentamiento que los ha llevado a públicas declaraciones.
Pues bien, a escasos tres meses de haber tomado posesión del cargo como titular del Poder Ejecutivo, el Congreso Local mediante un procedimiento excepcional del Juicio Político, declara prácticamente por unanimidad la inhabilitación al exalcalde y algunos regidores del Ayuntamiento saliente la inhabilitación para ocupar cargos públicos por periodos que van desde los doce a los dieciocho años.
El pretexto no se debió a acusaciones por actos de corrupción o malversación de fondos públicos, sino a la construcción de un puente en una vía vehicular, donde a decir de los diputados se violó una suspensión en un Juicio de Amparo, que valga decir, que ni siquiera existe resolución sobre ese tópico al respecto dictada por el juzgador.
Todo el asunto incluyendo la resolución del Congreso Estatal, que es dable decir, carece de apego a derecho y sustento jurídico, inclusive me atrevo a augurar que los tribunales que en su oportunidad conozcan del tema la echaran abajo, no obstante, lo curioso es la cooptación temprana del Poder Legislativo por el Ejecutivo Estatal.
No existen distingos partidistas, todo gira alrededor del jefe político, la democracia representativa se concentra únicamente en los intereses de quien ordena, así sea para actos legislativos sin mover una coma o en aras de venganzas políticas, sin importar la alta encomienda y responsabilidad a su cargo, todo sea por quedar bien con quien manda.
Esas tendencias autoritarias propiciadas desde el centro comienzan a permear en la provincia, son signos de preocupación y motivo de alarma ante la carencia de legalidad y justicia, abriéndose la puerta a la complicidad y venganza.
