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MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
Por Emanuel del Toro.
El próximo domingo 1 de agosto de 2021, se habrá de llevar a cabo por parte del INE, la “supuesta” consulta para enjuiciar a expresidentes. Y digo que supuesta, con todo y comillas, porque aunque en el llamamiento público esa es la idea que se maneja. La realización de una consulta pública con miras a pedirle parecer a la ciudadanía para valorar la idoneidad de investigar y/o procesar a los expresidentes de los últimos 30 años, por excesos cometidos, tanto como por sus decisiones en el ejercicio del poder que pudieran haber afectado el interés público nacional. Lo cierto es que en la realidad la totalidad de la consulta, no es más que una campaña propagandística del actual gobierno para distraer de los excesos del actual gobierno federal e incidir en el ánimo público, que una realidad legal efectiva.
¿Que por qué lo digo? Vayamos pues por partes; quienes criticamos la consulta para enjuiciar ex presidentes, lo hacemos con base a que asumimos que la ley no se consulta, sencillamente se aplica y ya. Sin embargo quienes pretenden justificar la idoneidad de la consulta o incluso eximir al Presidente de responsabilidad por la misma, extrañamente razonan que si la ley no se consulta, entonces implica que hay delito. Y que si hay delitos que denuncien quienes puedan tener pruebas de malos manejos, porque de otro modo el tema terminará convirtiéndose en un linchamiento mediático y que eso no es justicia.
Pero yo pregunto: ¿si acusar sin pruebas no es justicia, por qué acusaba tanto el hoy Presidente a ex Presidentes y sus colaboradores de ser todos una “mafia del poder” si no tenía en realidad pruebas? A quien le parezca trivial semejante planteamiento, habrá que recordarle que justamente la acusación pública de ser una mafia del poder fue la que mayores dividendos electorales le reportó a López Obrador durante sus campañas; ese y el de la lucha contra la corrupción como condición para superar los desequilibrios más terribles del país.
Que vamos, para nadie es ningún secreto que quien hoy es Presidente llegó a serlo, porque siempre declaró públicamente que si alguna vez llegaba al poder haría lo conducente para llamar a cuentas con la justicia a los exponentes más visibles de la llamada mafia del poder, mismos que a su juicio no son otros que los ex mandatarios de los últimos cinco periodos presidenciales. De ahí que hoy sorprenda la actitud del Presidente respecto a la idoneidad de terminar haciendo lo necesario para que en efecto se les procese, con todo y que la propia consulta terminará costando una fortuna. Lo cual resulta una ironía en un gobierno que siempre ha presumido de manejarse bajo una lógica de austeridad. Porque si algo se puede criticar y mucho con la consulta que se realizará en una semana, es su costoso, que ahí como no queriendo la cosa, el capricho de ponerse a consultar si se debiera o no aplicar la ley, nos va terminar saliendo en 500 millones de pesos; como si nos sobrara dinero para derrochar.
Ahora bien, si el hoy Presidente, ahora si tiene a según lo que ha cansado de decir toda una vida, las pruebas que pudieran llevar a sus antecesores ante la justicia, porque ya está a cargo del propio Poder Ejecutivo, ¿por qué no denuncia él mismo? En otras palabras, ¿por qué se tiene que lavar las manos con el teatro público de que el tema se somete a consulta? ¿Qué tanto más se le tiene que preguntar a la ciudadanía si considera o no necesario enjuiciar a responsables de la corrupción del pasado, cuando el propio triunfo del hoy Presidente es un reflejo inequívoco de que al menos una amplia mayoría de quienes le votaron, incluidos también algunos opositores, realmente aplaudirían que se les investigue?
En ese sentido, no menos cierto es que también los hay quienes justifican la necesidad de consultar, porque asumen –no sin elementos para hacerlo–, que es tal el nivel de complicidad de buena parte de las estructuras judiciales del Estado para quienes en efecto debieran ser juzgados, que va resultar virtualmente imposible que se les haga gran cosa. Lo que es tanto como decir que se hará consulta para emprender un juicio que de antemano se asume inviable y/o quimérico, tanto en términos de complicidades entre los circuitos de poder y el propio sistema judicial, como porque aún si se realizara y en efecto se terminara procediendo contra los expresidentes, ello terminaría teniendo consecuencias por demás severas en la confianza de los capitales de inversión que literalmente podría significar la ruina del país. ¿Mi opinión muy personal?
Ni caso tiene pensar demasiado en la próxima consulta para enjuiciar a responsables del pasado político. Es un hecho que a ninguno le harán nada. La cosa es ver bajo qué argumentos dejarán todo en pura habladuría; con Salinas, Zedillo y Fox seguro dirán que no se hace nada porque lo que se les pudiera imputar ya prescribió, o séase que ya pasó mucho tiempo que aunque los encontraran culpables de algo, ya no se les puede perseguir. En tanto que a Peña Nieto no le harán lo más mínimo, porque justo ese fue el acuerdo bajo el que se le permitió llegar al hoy Presidente, que no se le tocaría ni a él, ni a ninguno de su entorno más inmediato, salvo que fuera estrictamente necesario, pero teniendo en cuenta la displicencia con la que el tema de Emilio Lozoya ha sido llevado con todo y que hay amplios elementos para refundirlo de por vida, es casi seguro que nada ocurrirá; otro ejemplo en ese mismo sentido es lo que terminó ocurriendo con Romero Deschamps, al que no se le hizo absolutamente nada con todo y que saqueó el erario a placer durante más de tres décadas.
En tales condiciones al único que quizá pudieran hacerle algo, aunque francamente lo dudo por las repercusiones políticas que semejante medida podría propiciar al actual gobierno federal, es a Felipe Calderón. Y es que se intentara hacerle algo por mínimo que fuera, es seguro que no prosperaría, porque permitir que se le procesara tendría tufo a persecución política personal, porque aún si le probara de forma legal alguna responsabilidad de afectación al interés público nacional, procesarlo haría cundir el temor de numerosos grupos empresariales nacionales y extranjeros, lo que generaría fuga de capitales y una devaluación sin precedentes, que la sola idea de pretender procesar a cualquiera de los pasados gobiernos terminaría siendo razón de inestabilidad en la actual administración. Así que tampoco a Calderón le harán nada.
Así las cosas, les guste o no a los defensores acríticos del actual gobierno, esta consulta es sólo una tomadura de pelo, una cortina de humo para apaciguar las aguas poselectorales de 2021, que habrá de resultar por demás conveniente en aquellas localidades donde mayores irregularidades hubo, tal es el caso de San Luis Potosí, donde desde Palacio Nacional se impuso como gobernador a un delincuente, al que por interés se defiende a capa y espada. Pero si la consulta sirve como campaña propagandística y distractor de localidades conflictivas, también es justo decir que será también la ocasión de tomar la temperatura a la ciudadanía de cara a 2024, que es a donde realmente se enfocan hoy los intereses del Ejecutivo. Sin embargo, en términos legales, terminará por ser lo que se dice: mucho ruido y pocas nueces.
julio 26, 2021
