En este sexenio no hay pausa, a medida que avanza el tiempo descubrimos hasta donde es posible destruir al país; desdeñar las instituciones y la confianza de los inversionistas, a la par de mantener dividida a la sociedad, enfrentando a unos con otros y, alejarse de las reglas que garantizan la armonía social.
Así, las sorpresas son el pan de cada día, diario nos encontramos con alguna noticia oficial que nos produce estragos, difíciles de asimilar, más aún cuando todavía no terminamos de digerir una y, ya está presente otra, por lo visto el Ejecutivo tiene prisa, se ha transformado en picapleitos.
Es cierto que entre poderes pueden surgir diferencias, dadas las funciones que corresponden a cada uno, la manera de apreciar las cosas desde ángulos diversos acarrea la posibilidad de posturas divergentes, sin embargo, en eso descansa la división y el equilibrio de los poderes, que representan la soberanía nacional, a la par que deben procurar una sana coordinación buscando el beneficio social.
Previendo los conflictos que pueden suscitarse entre poderes, el diseño constitucional contiene procedimientos específicos mediante los cuales se someten a la consideración de la H Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien decide en última instancia, misma que interpretando la norma suprema, resuelve de forma definitiva.
Así, aunque parezca increíble, una vez que fue declarada inconstitucional le legislación que permitía la reserva de la información derivada de las obras estratégicas del gobierno federal, ante la justificación de seguridad nacional, desechando con argumentación solida la mayoría calificada de los Ministros de la H Suprema Corte, la intentona para evitar el acceso a la documentación respectiva.
Ante esa resolución el Titular del Poder Ejecutivo, responde con un reglamento de similar contenido, en franco desacato y evidente actitud revanchista, eludiendo con ello acatar la sentencia emitida por el más alto tribunal del país, resistiéndose con ello a la observancia de una ejecutoria y colocándose por encima de la Carta Magna.
Todavía seguimos en esa discusión, cuando nos enteramos de la ocupación de bienes de una importante empresa en Veracruz, utilizando para ello a elementos de la Marina Armada de México, quienes con lujo de violencia se apoderaron de las instalaciones comerciales de Ferrosur, entidad afectada.
El decretazo se aprecia en calidad de confiscación, pone en alerta a infinidad de inversionistas y genera desconfianza e incertidumbre en el país, ante la modalidad de implementar mecanismos donde impera la inseguridad jurídica y, ante la eventualidad de acudir a los tribunales y obtener resoluciones favorables, estas no se respetan.
Los modos en que actúa la presente administración riñen con todas las formas establecidas en el marco del derecho, resquebrajando el pacto social e imponiendo la ley del más fuerte, ese mensaje entre otros destinatarios también se dirige a la H Suprema Corte de Justicia de la Nación, que afortunadamente no se ha doblado.