Algo bueno ha salido con la tóxica reforma presentada por el Ejecutivo al Poder Judicial, aunque sigue aferrado a continuar por esa misma ruta, haciendo caso omiso de las recomendaciones, sugerencias y experiencias dañinas que se han tenido en otras partes.
Mucho se habla sobre la intención de politizar el Poder Judicial al someter a los Jueces, Magistrados y Ministros al escrutinio del voto popular, mediante una preselección a cargo prácticamente del Poder Ejecutivo, cuestión de entrada que vicia el procedimiento, entre otros muchos aspectos que hacen inviable la propuesta.
No obstante, la iniciativa es un motor que ha provocado un profundo análisis sobre la función jurisdiccional, comenzando por los propios
integrantes de ese poder, que han realizado interesantes reflexiones y un proceso de autocrítica muy nutritivo.
Debemos partir de la base constitucional de división de poderes, sin embargo, la propuesta es completamente injerencista y debilita al Poder
Judicial, trastocando un principio básico del sistema político mexicano, viéndolo desde otra perspectiva seria tanto como que fuera el Poder
Judicial quien propusiera en preselección a los candidatos a la Presidencia de la República o a los Senadores y Diputados, lo que desde luego entraríamos al terreno de lo absurdo, como acontece.
Por otra parte, para mantener el equilibrio entre poderes, máxime la función encomendada al Poder Judicial y a la H Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial Federal, debe estar ajeno a la actividad política, en virtud de que se convierte en arbitro cuando existen diferencias entre los otros poderes y demás integrantes de la federación y, la iniciativa desnaturaliza esa alta encomienda, rompiendo los equilibrios.
Mientras, por otra parte, en los foros organizados por el Congreso, han surgido ponencias que nos permiten observar con claridad los derroteros a seguir para mejorar la actividad de los jueces, voces con experiencia, capacidad y conocimiento en el ramo.
Uno de los principales retos que se han planteado consiste en que las personas puedan tener un acceso más eficiente a la justicia, aspecto que requiere una visión integral, al intervenir también los Ministerios Públicos e instituciones encargadas de la seguridad pública.
Es evidente un esquema de profesionalización y carrera en todos los ámbitos que tienen que ver con la impartición de justicia, lo que implica la capacitación permanente, aspecto que choca con la propuesta que abre la puerta a la improvisación.
Un punto medular radica en los recursos económicos y humanos, pues actualmente las cargas de trabajo de quienes ejercen la función son excesivas sin que se le haya prestado atención a este rubro.
El diagnostico y las medidas de solución con objetivos precisos y claros provocados por las lamentables iniciativas, nos permiten estar informados y conocer los retos del Poder Judicial, los caminos y las medidas razonables que deben implementarse para mejorar un área sensible sin llegar a los excesos planteados de subordinación.
Así como se ha puesto de relieve al Poder Judicial, hace falta también, introducirnos a la eficacia de los otros poderes, incluyendo a los locales y municipios, pues resultan ser ejercicios muy aleccionadores.
