El día seis del presente mes y año, en la Cámara de Diputados se rechazó la iniciativa de modificación a la Constitución en materia electoral, por considerarla un agravio a la democracia mexicana; semanas antes había muerto de manera prematura cuando miles de mexicanos en aproximadamente 60 ciudades del país y el extranjero, salieron a manifestar su apoyo al Instituto Nacional Electoral y por tanto la defensa de nuestra democracia gestada con la Declaración de Independencia y posterior elección de Guadalupe Victoria como primer presidente de la nueva República Mexicana.
La manifestación ciudadana del 13 de noviembre, que mayormente congregó a personas de extracto clase mediero irritó tanto a López Obrador, que a manera de reacción convocó a una «contra marcha» etiquetada como «desfile», dado su origen gubernamental.
A la par, y ya sabiendo sus incondicionales que la iniciativa emanada del Ejecutivo fracasaría, se aprestaron a elaborar otra que modifica leyes secundarias en la materia, para ser presentada en fast-track ante la Cámara de Diputados, el mismo día que se sometió a votación la ley primaria. Tan pronto fue rechazada ésta, pusieron a consideración del pleno la segunda sin previo análisis y en ausencia de la oposición que ya había abandonado la sala.
La bancada que representa a la llamada 4t la aprobó y de inmediato la envió al Senado para su análisis y aprobación en su caso, con altas probabilidades de ir a parar a los Tribunales por violentar la Constitución y otras leyes que habían sido incluidas en la primera iniciativa, mismas que al momento de ser rechazadas, no pueden presentarse nuevamente en un período menor a seis meses. En este contexto, los legisladores dejan manco al INE pero no liquidado como pretendían.Y mientras tanto en Perú…
El ocho de diciembre se gestaba una trama de grandes dimensiones; un asalto a la vida democrática de aquel país sudamericano, una intentona de disolver su Congreso, el Poder Judicial y los organismos gubernamentales por parte del hoy depuesto presidente socialista, profesor de primaria rural, Pedro Castillo, al tiempo que en sincronía cronométrica el Parlamento lo destituía haciendo uso de un procedimiento constitucional que denominan «vacancia».Usted podría argumentar que son hechos sin conexión alguna entre sí y puede tener razón, pero la pluma la tiene su servidor en este momento y por eso diré que las repercusiones guardan paralelismos.
En México se intenta dejar sin dientes al órgano electoral para que sea el Ejecutivo quien controle las elecciones y de este modo apoderarse del Congreso, conservar la presidencia a cualquier precio y evitar así contrapesos a las pretensiones cuatroteístas en futuras elecciones. En Perú, el Ejecutivo intenta disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias extraordinarias, con la finalidad de imponer candidatos a modo para tener control sobre ellos.
En México la sociedad se manifiesta en defensa de la democracia, los diputados opositores entienden el mensaje y votan en contra de la iniciativa bajo estricta vigilancia ciudadana. Por su parte, López Obrador, en un acto desesperado tratando de mitigar el daño infringido por la marcha ciudadana, convoca a una «contra marcha» y anuncia el denominado “Plan B”; la iniciativa que modifica leyes secundarias del ámbito electoral.
Sin embargo, en su inmediatez, el presidente instruye a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para remitir su “Plan B” el mismo día que el pleno del Congreso rechaza su primera iniciativa, pensando tal vez que de ese modo evitaría el desgaste social. Así las cosas, no consulta a sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Encuentro Social, provocando en ellos una reacción inmediata no favorable a su proyecto, ya que esta nueva propuesta los condenaba a la extinción.
Entonces permanecieron agazapados, camuflados, pues con los votos de la oposición en contra salían bien librados, sin necesidad de confrontarse con el Ejecutivo. Sin embargo, no les quedó más alternativa que inconformarse, logrando una modificación para continuar con vida, al amparo de las prerrogativas gubernamentales.
Volviendo a la parte meridional de nuestro continente, en el Congreso de Perú hubo una reacción similar por parte de los actores de aquel drama político, pues los congresistas y personajes afines al profesor depuesto, en su afán por no salir perjudicados y sumándose a los opositores, votaron a favor de la permanencia del Parlamento al que pertenecen y de la destitución de su correligionario gobernante, Pedro Castillo, acusándolo de organización criminal, tráfico de influencias y corrupción.
En nuestro amado México, el tema de las modificaciones secundarias se canaliza a la Cámara de Senadores y al igual que en Perú, la decisión queda en manos de los correligionarios del presidente de la República; es decir, de los senadores aliados de la cuarta transformación. Aquí, la atención está puesta en un personaje clave para que prospere o se rechace la iniciativa; Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada morenista.
Su influencia alcanza para controlar por lo menos a 13 senadores, en quienes recae el éxito o fracaso del Plan B.Monreal ha sido compañero de lucha de López Obrador por al menos cinco lustros y está obsesionado en ser el sucesor del presidente. En los últimos tiempos ha sido defenestrado acremente por la dirigencia morenista y el Ejecutivo Federal, así como por gran parte del aparato gubernamental, incluidos diputados y senadores de su bancada, situación que lo mantiene al margen de una posible designación como candidato oficial para el máximo cargo de la nación.
Ricardo Monreal se encuentra pues en la disyuntiva entre doblegarse a la voluntad del Peje, resignarse a terminar su carrera política, conformarse con algún premio de consolación menor sin garantías de que le cumplan y replegarse al ámbito académico universitario, o bien buscar el cobijo a su aspiración en la Alianza Va por México, tratar de ser el abanderado de Movimiento Ciudadano -partido por el cual ya en una ocasión fue senador-, con la promesa de hacerlo candidato a la presidencia de la República o garantizando para él la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México, pero antes debe ejercer su influencia y evitar que pase la iniciativa de su aún compañero de andanzas políticas.
Si toma la decisión de vetar la ley secundaria o mínimo se atreve a sugerir una modificación apegado a su vocación constitucionalista y maestro de derecho como lo manifiesta continuamente, no sería perdonado por el presidente de la República; en automático sería destituido como coordinador de la bancada morenista y líder del senado.
Finalmente, como consecuencia, expulsado de Morena.Ricardo Monreal se encuentra entre la espada y la pared, está ante la disyuntiva de ser protagonista en 2024 o ser uno más en el tránsito político del país sin mayor gloria de la que ostenta hoy. Esperemos que la espada no lo atraviese y la pared se convierta en su baluarte.En esta trama, Ricardo Monreal en sí mismo, está convertido en el único contrapeso.
