En las últimas décadas la intención del constituyente permanente fue quitarle a la H Suprema Corte de Justicia de Nación, los asuntos que tuvieran que ver sobre las elecciones, para evitar las consecuentes presiones de carácter político que ese tipo de casos por su propia naturaleza arrastra.
La institución en comento, de conformidad al diseño de la Carta Magna, le corresponde un crucial papel de árbitro para dirimir las controversias que se suscitan entre los otros poderes, teniendo la facultad de interpretar en última instancia la norma suprema.
Dentro de sus facultades se encuentra la declaratoria de invalidez de normas secundarias, cuando considera que son contrarias a lo dispuesto por el pacto social, siempre que sus resoluciones sean aprobadas por un mínimo de ocho Ministros de un total de once.
Pues bien, finalmente la Corte, se encuentra envuelta y deberá resolver lo concerniente a las reformas llevadas a cabo por los legisladores morenistas, que decidieron al cuarto para las doce y de manera unilateral cambiar las reglas del juego electoral, con evidente sesgo a su favor, conocido como el plan B, ante la fallida intentona de reformar la constitución.
El ambiente desde hace meses ha subido de tono, cada vez es más ríspido, la fragmentación política y social se ahonda, las condiciones prevalecientes de confrontación aunadas a cuestiones multifactoriales como inflación; violencia; corrupción; salud; etc., entre otros, adicionado con aspectos electorales, coloca sobre la mesa un escenario complejo.
Ahora, la cuestión no radica solamente ahí, no puede pasarse por alto que las corcholatas desde hace tiempo y de manera adelantada se han dedicado a sus campañas proselitistas, utilizando tiempos oficiales y recursos públicos, a la par, llevan a cabo todas las acciones a su alcance para el desmantelamiento del INE, dejándolo sin recursos, sin personal y quitándole facultades.
Así, mientras por un lado violan las reglas electorales, por otro, impiden que el árbitro electoral cumpla con su función, asumiendo el gobierno la calidad de juez y parte de la contienda, parcializando a su conveniencia un proceso que aun ni siquiera ha comenzado formalmente.
Los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, con que debe conducirse el INE, para conseguir elecciones libres y auténticas, ahora estarán bajo el escrutinio de los Ministros (as), que integran la H Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, el asunto tiene una importancia crucial que trasciende lo meramente electoral, al advertir un rompimiento entre la legislación secundaria y la esencia misma de la constitución, que pone en riesgo la imparcialidad y la armonía social, alterando el sistema mismo de gobierno.
El test de proporcionalidad constitucional es un indicador importante, del que seguramente echaran mano, pues he de recalcar que entre sus miembros hay destacados juristas que comprenden la trascendencia de su encomienda y han resistido heroicamente las presiones provenientes de otros poderes, colocándolos como verdaderos hombres y mujeres de Estado.
Cabe agregar, que en buena medida son los depositarios de hacer valer y de velar por el cumplimiento de la constitución, pues de su estricta observancia descansa la tranquilidad, armonía y el desarrollo nacional.
