En las marchas populares o en actividades de resistencia en que participé era cotidiano leer alguna cartulina o lona con la frase de Mahatma Ghandi: “Cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecerla”.
Las reformas a la ley del Issste o al artículo tercero constitucional fueron motivo de luchas encarnizadas que costaron golpes físicos y mediáticos, cárcel, despidos y hasta vidas a quienes se oponían a las modificaciones.
También he escuchado “la ley es dura, pero es la ley”.
En nuestro régimen, presumiblemente democrático, las reformas a la Constitución solo pueden darse por una mayoría calificada de dos tercios en las Cámaras, tanto de diputados como de senadores; en tanto las reformas a leyes secundarias pueden lograrse por mayorías simples con la salvedad de que no contradigan a la propia Constitución.
Es el pueblo ejerciendo su derecho al voto quien da o no las mayorías.En esta legislatura no se dio la mayoría de dos tercios ni al bando del presidente y menos al de la oposición.
En la Cámara de diputados, del 2018 al 2021, no obtuvo la coalición del presidente esa mayoría calificada, pero con las adquisiciones de la franquicia verde ecologista y de una porción perredista encabezadas por el hoy gobernador potosino Ricardo Gallardo y Héctor Serrano Cortés quienes ya militan en el PVEM y el PT potosinos respectivamente.
Así se lograron las reformas constitucionales que permitieron iniciar el aterrizaje del proyecto de gobierno obradorista. Sin embargo, en la Cámara de Senadores nunca se ha tenido la mayoría de dos tercios y a pesar de ello el Senador Ricardo Monreal, operador político obradorista, consiguió meritoriamente la aprobación de las reformas constitucionales.
Llegando al 2021 en que se renovó la Cámara de Diputados, la coalición del presidente perdió un número importante de curules: alrededor de medio centenar con lo que se dificultó lograr una mayoría de dos tercios a pesar de que se tiró la red para atrapar posibles tránsfugas tricolores incluyendo el estreno estelar como porro de segunda de la gobernadora campechana para atosigar al dirigente priista Alejandro Moreno.
El intento oficialista fracasó y las reformas eléctrica y electoral no pasaron.
Para superar el traspié el presidente recurrió a reformas de leyes secundarias que no requieren la votación de dos tercios sino solamente la mayoría simple; reitero que esa mayoría simple puede lograr ganar una votación pero no debe pasar por alto que ninguna reforma acordada puede contradecir los dictados constitucionales.
En un régimen democrático existe el equilibrio de poderes para que ni el ejecutivo, el legislativo o el judicial hagan y deshagan a su contentillo.
El poder legislativo genera leyes que deben orientarse a la justicia en tanto el ejecutivo gobierna con estricto apego al marco legal dictado por el Congreso. Durante el régimen presidencialista del partido hegemónico y su continuidad neoliberal con el PRI-PAN, diputados y senadores eran uno y lo mismo con el presidente en turno y lograban reformas constitucionales porque obtenían del pueblo, “haiga sido como haiga sido”, la mayoría de dos tercios en las Cámaras.
Elegir entre el PRI o el PAN era lo mismo que para un condenado a la horca decidirse entre un mecate de un color u otro para ser ajusticiado.
“De lo perdido lo que aparezca”, dice el dicho y, al no lograr la mayoría calificada, el presidente impulsó reformas a leyes secundarias: el famoso Plan B pues.
Voces de la oposición y de propios militantes obradoristas alertaron que parte de ese Plan B se contrapone a la Constitución.
Es donde entra al escenario el tercer poder: el judicial, encabezado por la Suprema Corte.
Hay dos rutas para que los cambios propuestos por el presidente puedan transitar: La primera, que es tener una mayoría calificada, se perdió el 2021; la segunda es pasar por encima de la propia Constitución para lo que requiere ganar posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo intentó respaldando más allá de lo prudente a Yasmín Esquivel Mossa, esposa de su contratista cercano José María Ribóo entrometiéndose en el proceso de la Corte para elegir a su presidente desatándose los mil demonios y culminando con la derrota de la favorita presidencial y el ascenso de una ministra contraria a sus designios.
Entre las voces afines a la autollamada 4T que se levantaron para advertir que parte del Plan B contraviene a la Constitución destacó la del Senador Ricardo Monreal quien es doctor en derecho y profesor universitario en funciones. Otro Senador con formación jurídica, Rafael Espino de la Peña, tampoco respaldó el Plan B, pero como no aspira a la presidencia de la república no sufrió linchamiento youtubero alguno.
Al presentarse “las corcholatas” y el Senador Monreal ante el pleno de los diputados oficialistas, la diputada Rosa Hernández Espejo le interrogó porque a su parecer Monreal antepone la ley a la justicia y sus planteamientos lo hacen parecer opositor.
Más o menos el Senador respondió que estar con la ley y el estado de derecho no es estar en contra de López Obrador y que no se traicionaría a sí mismo para que ellos se sintieran cómodos. Les recordó que los legisladores están para cambiar cualquier ley que sea injusta.
En el fondo de los planteamientos estaba el voto del legislador durante el proceso de la reforma electoral.
Durante una “mañanera” el presidente entró a la discusión de un tema que afirmó no era politiquería sino de fondo y en el que tenía diferencias con Monreal sobre la justicia y el derecho.
Se entiende, porque el presidente no tiene relación alguna con el Senador, que el marco introductorio de López Obrador contuviera expresiones como: “no sé si fue cierto o lo leí mal, pero… ( ) …de acuerdo con la información que me proporcionaron…( )…parece que dijo que él estaba…( )…a favor del derecho más que de la justicia y lo sentí como una réplica porque yo sostengo lo opuesto.
Por eso digo, en el encabezado de este texto que el presidente sostiene un falso debate.
Los ciudadanos podemos hacer todo lo que las leyes no nos prohíben, en tanto la parte del gobierno sólo puede hacer lo que las leyes les facultan; ni más ni menos.
Los ciudadanos podemos decir que si una ley es injusta debemos desobedecerla, pero la parte que gobierna, ante una ley injusta, está obligada a modificarla.
Dice el presidente que el debate entre optar por la justicia o el derecho equivale a optar entre inconvenientes.
Aquí está el detalle: lo inconveniente significa que algo no le conviene a alguien o algo, pero puede convenir a otros o a algo más. También pueden significar daño u obstáculo para alguien, pero no para otros.
Esa diversidad de pensamiento, ese mosaico de convicciones es lo que genera las diferencias que hacen, Obrador dixit, menos aburrida la vida.
Me queda claro que el presidente no gusta de leyes a su parecer inconvenientes por ser injustas y eso no significa que su debatiente o cualquier otro sí gustemos de las leyes injustas.
El Senador pone los puntos sobre las íes: si una ley es injusta vamos a cambiarla.
En contraposición el presidente promueve leyes secundarias contrarias a la Constitución por considerarlas justas pues lo que dice la Constitución es injusto.
Pero las inclinaciones del presidente y de cualquier otro entre los millones de mexicanos no siempre son coincidentes.
Por eso tenemos un esquema legal para llegar a acuerdos que se plasman en la ley de leyes que es La Constitución.Y para modificar nuestra realidad no puede entrarse por puertas falsas.
Si promovemos leyes contrarias a la Constitución es claro que van a rebotar en la Corte.
Y nadie puede reformar la Constitución si el pueblo no le dio ese poder cuando no le concedió dos terceras partes de legisladores.
No nos hagamos: aferrarse a hacerlo así no puede significar otra cosa que una estrategia política para polarizar en busca de recuperar espacios perdidos en el 2024, aunque después se diga a los perdedores “haiga sido como haiga sido”.
En algo tiene razón el planteamiento del presidente cuando alude a Óscar Arnulfo Romero: “la ley para el hombre no el hombre para la ley”.
Nadie podría sostener lo opuesto.AMLO no presentó todas las reformas constitucionales entre el 2018 y 2021 y dejó algunas para la segunda mitad de su mandato confiando que crecería el respaldo popular y se vería reflejado en el Congreso lo que no sucedió.
Sin embargo, Peña Nieto presentó al segundo día de su posesión 13 reformas estructurales a la Constitución que incendiaron la pradera levantando la insurgencia popular encabezada por la magisterial que fue reprimida durante todo el sexenio a sangre y fuego y pavimentó el arrollador triunfo del 2018.
AMLO se reservó algunas y dejó pasar una oportunidad que quizá sea irrepetible.Ya ni llorar es bueno.Gajes del oficio que hacen de este mundo un lugar menos aburrido.
