Las elecciones del domingo 2 de junio, fueron la culminación de una elección de Estado, tal como anticiparon diversos lideres sociales y analistas políticos. Tanto Morena como la presidencia de la República echaron mano de todo aquello que tuvieron a su alcance para apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum, la que de acuerdo con cifras oficiales obtiene un arrollador triunfo.
Es posible explicar las causas y motivaciones que lograron la victoria contundente de la candidata oficial, hoy Presidenta electa de México. Las cifras que obtuvo son prácticamente irreversibles, las diferencias son enormes, por lo tanto, es predecible que cualquier impugnación tendrá un resultado adverso.
No obstante, cuestionar el proceso electoral ante las evidencias irrefutables de una elección de Estado, constituye una cuestión de principios. En efecto, optar por el silencio complaciente es convertirse en cómplice de conductas perpetradas en contra de las más elementales reglas democráticas, gestadas desde las más altas esferas del poder.
Sin embargo, seria ingenuo pensar que con una impugnación de esa naturaleza sea posible cambiar los resultados, inclusive, de antemano podemos afirmar que estos son definitivos, pues, aunque los números puedan variar, la distancia es tan amplia que no permite modificación alguna en su parte final, aunque si en las diferencias.
Por otra parte, quedarse cruzados de brazos sin hacer nada, ante lo inequitativo del proceso; con todas las injerencias presidenciales; utilizando los recursos públicos, humanos y los programas sociales para beneficiar a la candidata oficial; a la delincuencia; a la par, la escandalosa compra de votos y la cooptación de voluntades a través de los programas sociales, entre muchas otras prácticas que fueron llevadas a cabo para favorecer a la candidata oficial, sería traicionar las convicciones y valores que sostienen a la democracia.
El desarrollo del proceso electoral es completamente diferente al de hace seis años, cuando Andrés Manuel tuvo un legítimo y arrollador triunfo en las urnas. Ahora hubo un cambio brutal, pues desde el gobierno se fue armando todo un entramado para garantizar a costa de lo que fuera, la victoria de su candidata.
Tales excesos no se habían visto en muchas décadas, independientemente de los resultados, esas conductas ni son apropiadas como tampoco tolerables. Los principios éticos obligan a transitar por los cauces legales haciendo con los elementos que se puedan recopilar las denuncias e impugnaciones correspondientes.
Estando ciertos, de antemano que esos recursos difícilmente llegaran desde el punto vista jurídico a buen puerto, desde la perspectiva política su connotación es distinguible ante la mirada de muchos mexicanos que tienen puestas sus esperanzas en la defensa de la vida, de la libertad y de la verdad.
Ni duda cabe, que México y los mexicanos en su conjunto, entramos a una etapa de profunda reflexión, las circunstancias obligan a la revalorización de los principios e instituciones democráticas, incluyendo el rol que juegan los Partidos Políticos; la disyuntiva entre la legalidad o la trampa, esta última tan socorrida en nuestro país.
El punto álgido por discernir se localiza entre la honestidad y Estado de Derecho o seguir con el lastre de la corrupción y oligarquía oficial, resistir resignados o hacernos escuchar y convertirnos en contrapeso.
