El titular del Poder Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2024, en tiempo y forma como todos los años, para que en ejercicio de su facultad exclusiva se proceda a su análisis y, en su caso, aprobación.
En ese documento hay gran variedad de rubros importantes, que ahora al inicio de un año electoral se observan con suspicacia, pues ésta administración se ha manejado con mucha opacidad en la aplicación de los recursos públicos, ocasionando la consecuente desconfianza.
Se dice que la orientación del gasto público es un referente obligado a efecto de distinguir la ideología del gobierno en turno, definición que aplicada al sexenio es percibida como militarista, ostentoso y populista, en tanto que las grandes partidas de los recursos del erario se destinan en esas áreas.
Sin embargo, en esta columna solamente voy a aludir un tema que me parece relevante, consistente en la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal, propuesta que me parece no solo aberrante sino además perversa, pues es una manera de quitar recursos para la administración de justicia.
La división de poderes es un diseño para evitar la concentración de todos en uno solo, al advertir el necesario equilibrio, los contrapesos y con ello procurar que no haya excesos en el ejercicio de las funciones públicas, no obstante, la actual administración de forma permanente tiene la tendencia de allegarse facultades que le corresponden a otros poderes o entes públicos.
Si bien, es factible decir por la mayoría legislativa de diputados morenistas que controla esa Cámara y, con ello, una buena parte de otro poder también es dable mencionar que el Poder Judicial se ha resistido a someterse a sus caprichos, la mayoría de los Ministros de la H Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han visto amenazados, calumniados y sufrido los constantes embates del inquilino de Palacio.
Entonces, el tabasqueño encontró el camino fácil: quitarle recursos al Poder Judicial. No ha medido las consecuencias, pues es un juego peligroso que pone en riesgo muchas cosas, que van más allá de una revancha o ánimo de venganza, restarle operatividad al órgano de administración de justicia, perjudica al país.
Ni la confrontación entre Poderes, como tampoco el sometimiento de unos con otros son saludables para la vida pública del país; lo adecuado es la coordinación y el absoluto respeto a su independencia y soberanía, sin regatear la autonomía y suficiencia presupuestaria.
Es obvio la presencia de un conflicto donde participan los tres poderes supremos del país, lo que implica una situación de crisis política del más alto nivel. En principio, se observan dos vías de solución: la voluntad política para darle una salida conveniada a través de un proceso de dialogo y conciliación o, en su momento, atender los cauces previstos en la Constitución y las leyes.
Los pros y contras de una controversia constitucional están en la balanza, ese camino es pedregoso, aunque también una alternativa viable en la defensa de las instituciones del país y la soberanía de los poderes de cuyo adecuado funcionamiento descansa la armonía social.
