Lo de García Luna en Estados Unidos, es la clara muestra de que en el vecino país sólo llega ante la justicia quien conviene y/o se necesita que llegue; se lleva a tribunales a quien resulta de utilidad práctica para el sistema, y si no hay utilidad en retenerles, sencillamente se les suelta. Lo cual en realidad, aunque no ha sido el caso en esta ocasión, no es ninguna novedad. Ahora que bien, lo de menos habría sido que lo soltaran, previo su respectiva cooperación con el gobierno americano de turno, porque también allá se ven cosas del estilo.
Al final las cosas van que pintan para un desenlace con sabor agridulce para quienes desde México miramos que allá, parece que la justicia a veces si aplica. Lo cual resulta al mismo tiempo algo para dar pena y/o disgusto, porque dadas las evidencias de lo que hoy se sabe, elementos no faltan para llevársele a la propia justicia mexicana. Porque acá se presume también tendría sus cuentas por aclarar –dicen algunos; y no podría estar más acuerdo. Capaz y si, –demandas las tiene–, pero si ello sucediera, terminaría ocurriendo con una diferencia sustancial: sería procesado por un aparato judicial cuya celeridad y cumplimiento, responden a las necesidades político electorales del gobierno en funciones. Porque claro, sea o no mal habida su fortuna, o tenga o no cosas que aclarar –como ocurre de hecho con numerosos políticos del actual régimen, que son virtualmente invisibles a la justicia, aunque motivos sobren para llamarlos a rendir cuentas, lo mismo por el contenido de sus decisiones a cargo del poder público, que por la desproporción de su patrimonio según lo que han hecho como funcionarios públicos–, poco hay tan importante y/o significativo para el actual gobierno federal, que aprovechar la ocasión de exhibir públicamente a un personaje cuya cercanía con los adversarios políticos, sirve para legitimar sus pretensiones de acrecentar su actual control sobre la vida pública del país.
Que vamos, lo de menos si se procesara a García Luna en México, sería establecer su culpabilidad o inocencia conforme a derecho, tanto como utilizar su caso con fines de ganancia política. Para sacarle a su exhibición una necesaria utilidad electoral; todo sea por terminar de amarrar al costo que sea, la continuidad de proyecto político, cuyos dividendos de beneficio social no han resultado, por razones diversas, –entre la pandemia y cambios en la geopolítica internacional–, tan claros como se esperaba.
En ese sentido, resulta irónico ver que el caso de Genaro García Luna y su reciente juicio despierte tanto clamor y/o algarabía o satisfacción entre quienes defienden al régimen, o se asumen adeptos del actual gobierno federal, cuando es un hecho que ahora mismo las condiciones estructurales que hicieron posible su encumbramiento e impunidad sigan intactas, sin el más mínimo ápice de cambio.
No hay que olvidar que el hombre ha sido juzgado en EEUU, porque aquí en México está muy claro que no habrá nunca, gobierne quien gobierne –porque lo mismo ocurriría con cualquier otro partido–, justicia que lo alcance, ni a él, ni a todos los de su estilo. Ahí tenemos por ejemplo el infame caso de Salvador Cienfuegos, al que el propio gobierno americano terminó soltando, ante la amenaza de una crisis diplomática, incluso de un golpe de Estado, por un Ejército que comoquiera, no ha parado de ganar atribuciones en lo que va de la actual administración federal.
El mensaje es claro: por mucho que se trate de un mismo tema, narcotráfico, no es lo mismo enjuiciar civiles que militares. Pero eso si, en México la impunidad para con los poderosos o sus allegados prevalece, si nomás es de preguntarle a la propia mujer de Genaro García Luna qué le parece la justicia a la mexicana, cuando en el mismo momento que su marido es juzgado y acusado por narcotráfico en EEUU, esta ya tiene en México disponible sus cuentas a placer.
Semejante situación es francamente surrealista, pero es a la vez perfectamente plausible en un país cuyas instituciones se encuentran desde hace décadas totalmente rebasadas por toda una miríada de poderes fácticos que han terminado pulverizando nuestra ya de por sí frágil legalidad. El narcotráfico que hoy gobierna México, –que huelga decir, no comenzó con Fox y Calderón, como tampoco menguó con Peña Nieto y está francamente lejos de haberse terminado con López Obrador, pese a lo que el actual gobierno quisiera hacernos creer–, es una auténtica cabeza de hidra; no importa cuántas cabezas se le intenten cortar, es un hecho que por cada una que se le corta, le salen múltiples nuevas cabezas.
Lo menos por decir es que debiéramos sentimos indignados y hasta preocupados, o tener al menos un tanto de vergüenza y sobre todo de congruencia y sentido común para exigir que aquí mismo se hiciera lo propio por investigar casos como el de García Luna y otros perfiles de su estilo. Pero se antoja imposible que algo así suceda, por urgente que la cuestión sea; la impunidad y/o el grado de profundidad con el que el narco ha penetrado al Estado mexicano, hasta el punto de hacerse uno con el gobierno, o incluso terminar en no pocas veces suplantándolo en presencia y funciones, por no hablar de capacidades, es tal, que incluso define posiciones en los principales circuitos del poder político.
Para el caso es que ahora mismo el país es la comidilla, –por decirlo de modo amable–, de una comunidad internacional que no sale de su asombro, al tiempo que nos ridiculiza, por haber tenido como secretario de Estado y director de una agencia de seguridad pública, a un tipo acusado y juzgado en un tribunal extranjero por sus nexos con la delincuencia organizada a la que su encomienda le exigía combatir. Y aunque en un tema tan escabroso ya desde cuando tendría que estarse haciendo lo propio para investigar al propio García Luna, como a otros tanto de su estilo, porque es de hecho imposible que no existan más personajes de los primeros círculos de poder del Estado mexicano en idénticas condiciones.
Pero a callar bocas, aquí no se mueve ni un solo dedo, que acá en México del tema ni pio de dice, como no sea para usar la cuestión como combustible de un discurso ramplón que se llena hablando de diferenciarse de gobiernos anteriores, aunque la realidad es que todo lo que hizo posible lo sucedido, sigue operando exactamente igual que pasados gobiernos. El caso es que seguimos con una impunidad a prueba de todo. En un país el que la justicia cuando la llega a dar, lo es por motivos políticos. Nada nuevo bajo el sol, el caso es que con transformación de cuarta o no, seguimos en el país de siempre.
