Resulta poco menos que discutible la necesidad de promover cambios institucionales que en efecto conviertan en una realidad los fundamentos democráticos de una sociedad como la nuestra; está claro que por los motivos más diversos, la historia de nuestra democracia, es una historia muy convulsa, signada de muchas contradicciones e insuficiencias, las cueles fueron alimentadas en buena medida, por la feroz resistencia que mostrara el otrora partido hegemónico PRI, para no perder su posición de privilegio dentro de un sistema de partidos, donde la oposición fue siempre, más una simulación que una realidad.
El resultado en tales condiciones, fue la conformación de un régimen político en el cual, la competencia electoral y la búsqueda de espacios de auténtica libertad para el ejercicio de una vida partidista, que fuera genuinamente respetada y aceptada por el viejo régimen, se volvieron una lucha permanente de múltiples frentes, donde lo mismo intervinieron grupos de talante civilista y empresarial, que una nutrida mirada de grupos de izquierda, entre estudiantes y líderes sindicales disidentes.
Volviéndose una bandera común, donde al menos desde fines de los años 70’s, el ideal por la democratización de país, se convirtió en un referente, capaz congregar las voluntades de ambos polos del espectro político. En una lucha que tomó virtualmente décadas construir; comenzando desde la reforma electoral de 1977, que sacó de la clandestinidad a numerosos partidos políticos, convirtiendo al país de un sistema de partido hegemónico, a uno multipartidista.
Sin embargo, tras de mucho insistir, el balance terminaría ofreciendo al país la posibilidad de ir conquistando, desde fines de los años 80’s, no sólo triunfos electorales reconocidos a regañadientes por el viejo régimen, sino además, diversas conquistas institucionales, que cristalizaron en el inicio de los 90’s, con la independencia de los órganos electorales federales –con la aparición del IFE–, y el surgimiento de instancias locales, que facilitaran su propia organización, así como en el aseguramiento, vía el otorgamiento de financiamiento público, de condiciones más equilibradas para participación de todos los partidos políticos.
Para el caso, el resultado de todos esos cambios, fueron las dramáticas transformaciones en los equilibrios de poder, que se pudieron ver desde 1997 y 2000, y que en forma sucinta, significaron respectivamente, la perdida por parte del PRI, de la mayoría en el congreso federal, así como la llegada a la presidencia de la república, del primer mandatario no surgido del propio PRI desde su fundación en 1924. Ambas conquistas inéditas, cuya consecución significaron el afianzamiento de una incipiente democracia, cuya estabilidad se fue poniendo a prueba en la década siguiente a medida que cada vez se hizo más común el surgimiento de múltiples gobiernos locales con candidatos de todo tipo de extracción partidista.
Empero tan pronto la llegada al poder de distintos partidos, en los más diversos niveles de gobierno se hizo cosa común, comenzó a quedar claro que el resultado de dicho reacomodo de poder, no terminaba de satisfacer al común del electorado, porque para decirlo claramente: la mayoría de los abanderados que terminaron llegando al poder tras de equilibrarse las condiciones para la celebración de las elecciones, terminaron reproduciendo en tiempo record, –incluso superando y/o perfeccionando–, muchos de los vicios en el ejercicio del poder que alguna vez criticaron como oposición.
Lo que trajo severas críticas a la legitimidad de dichos gobiernos, y al modo mismo en el que estos se hicieron con el poder. Poco o nada han servido cada uno de los instrumentos y/o soluciones que se han ideado para garantizar que el acceso al poder lograra garantizar que dichos excesos no se replicaran; cosa que no se ha conseguido, porque para decirlo en corto, cada uno de los partidos que se vieron fortalecidos con los cambios ideados para equilibrar su participación electoral, han terminado buscando incidir en el propio organismo electoral, y ni el último cambio de nombre que el IFE recibiera, renombrándolo como INE, terminó de atenuar la cuestión. Al final con cada una de las soluciones que se fueron ideando, lo único que parece haberse conseguido es una democracia que si bien cuesta mucho, no deja conformes a casi nadie.
Sin embargo no es menos cierto que aún con todos y sus numerosos defectos y insuficiencias, el INE ha sido la mejor opción que se ha conseguido formar tras de treinta años de búsqueda por la democratización del país. Y es en consecuencia preciso plantearnos una reingeniería que le posibilite verdaderamente cumplir con el propósito para el que ha sido ideado, sin tenerse porque terminar gastando una fortuna, como desde hace una década se hace. Pero hacerlo poniendo en riesgo la independencia del mismo para organizar las elecciones, resulta una afrenta que conlleva peligros potenciales que podrían dar en el traste buena parte de las conquistas políticas de los últimos treinta años.
No creo que merezcamos algo tan desafortunado; reformar al INE en los términos propuestos por el presidente López Obrador puede propiciar una terrible concentración del poder en manos del gobierno en turno, algo indeseable, gobierne quien gobierne y/o gane quien gane en los propios comicios electorales de 2024. En tales condiciones y pensando en el pasado reciente de la propia localidad en la que vivo, me es difícil no pensar que si así con los defectos que tiene el INE y sus consecuentes organismos electorales locales, el gobierno federal en turno ha conseguido poner en el poder a delincuentes como Gallardo Cardona, ¿qué será si lo reforman a modo? De acuerdo, hay mucho por mejorar, bastante de hecho, pero no para que pierda autonomía, sino para que gaste menos.
Ahora que bien, la historia del presente en San Luis Potosí, pone en claro que pocas cosas tan terribles hay, como el lastre de llevar al poder a hombres faltos de toda luz; ignorancia y poder serán siempre una muy mala combinación. Lo dicho en otras ocasiones: sólo en una tierra de cobardes, los peores terminan convertidos en gobierno; y ni la complicidad o el apoyo de un gobierno federal ampliamente legitimado, que por conveniencia política, se hace de la vista gorda con los excesos y contradicciones de un gobierno hecho de gobernantes con antecedentes delictivos y/o con cuentas legales sin pagar, conseguirá otorgarles las credenciales democráticas de las que carecen.
Pero claro, para lo que les importa a la parvada de pelafustanes y rufianes que hoy gobiernan a nivel estatal, porque la titularidad del Estado la han obtenido siempre, a costa de comerciar con las necesidades de quienes peor lo pasan. Menudo chiquero se está volviendo la localidad, aunque qué se puede esperar si se pone a decidir a animales, que encima se sienten orgullosos de su ignorancia.
Pobre San Luis Potosí, el reloj de su democracia no sólo se encuentra atrasado, incluso se ha detenido, y lo que es peor, no tiene para cuando volver a marchar. Y sí, el INE debe gastar menos, pero no a costa de perder autonomía; digo, si así nos va como nos va, no quiero ni pensar qué pasaría si pierde autonomía.
