La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), encabezada por el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, presentó formalmente hace unos días su informe de labores correspondiente a más de tres años y medio de indagatorias, llegando a la conclusión de que trató de un crimen de Estado.
Se hicieron bien orquestados todos los preparativos del evento, procurando dotar al documento de bases políticas, sociales y jurídicas, a la par de la detención de quien fuera Procurador General de la República, cuando acontecieron los hechos Jesús Murillo Karam, a quien se le acusa de los delitos de Desaparición Forzada de Personas; Tortura y; Contra la Administración de Justicia, cerrando con broche de oro, la presentación del informe.
Para darle mayor relevancia calificaron los hechos en calidad de crimen de Estado, arribando a la conclusión de que los normalistas en esa misma noche fueron ejecutados y, aunque solamente se han identificado a tres de ellos, con las pruebas de ADN de sus restos, considera que los demás corrieron la misma suerte.
El objetivo fue rescatar la verdad histórica, aspecto que no termina de cuajar, atribuyéndole al exprocurador haber desviado en las investigaciones a su cargo la realidad de los acontecimientos, imputándole una causa que se observa endeble, no obstante, la solicitud de más de treinta órdenes de aprehensión de personas participantes entre ellos algunos militares, puede arrojar luz para desentrañar el trágico episodio.
Así, el asunto se compone de dos fases, lo ocurrido en la noche de Iguala donde desaparecen a los 43 estudiantes, cuyo destino aun se desconoce, aunque existen indicios de que fueron ultimados, sin que se hayan esclarecido las circunstancias de modo, lugar y responsables materiales e intelectuales de ello, menos aun su destino final; mientras por otra parte, se pone especial énfasis en todas aquellas conductas desplegadas por servidores públicos durante la fase de investigación.
Ahora bien, mediante esas acciones van al alza las expectativas sociales y de opinión pública para esclarecer la verdad histórica sobre lo ocurrido con los jóvenes y, además, la aplicación de la ley en contra de los responsables, pues si bien es cierto, que el amplio informe rendido descubre una serie de elementos útiles para revelar los hechos, por otro lado, deja entrever una densa capa que impide determinar la parte medular.
En efecto, no es posible con los elementos que integran el informe arribar a los momentos clave de los acontecimientos, dejando espacios de especulación y pasando esas lagunas obscuras a cargo de la Fiscalía y del Poder Judicial.
Sin embargo, lo que no queda claro es la calificativa de crimen de Estado, pues del documento lo que se desprende es la rivalidad entre grupos delictivos antagónicos, donde participan autoridades tomando partido, al parecer involucradas en esas actividades, sin que se desprendan cuestiones de carácter ideológico o de otra naturaleza análoga.
Ante esa realidad, el informe no es concluyente y lo utilizan como un medio de propaganda política aprovechando la coyuntura y arrojando la responsabilidad al exprocurador, para mediáticamente se convierta en el gran trofeo de la Comisión de la Verdad.
