Uno de los aspectos a discutir para una reforma electoral es el financiamiento a los partidos, punto en el que estoy de acuerdo pues debieran ser las militancias quienes sostengan su propia burocracia partidista; los recursos públicos debieran destinarse solo para generar condiciones de equidad en una campaña electoral por lo que se justificaría asignar una cantidad moderada para propaganda.
Se arguye, con cierta dosis de cinismo, que no dar recursos abre la puerta para que particulares con poder económico se adueñen de la arena política; y digo que es cínico porque tratándose de ambiciones no hay dinero que alcance: bien podría multiplicarse la cantidad otorgada a cada partido político y no sería suficiente; en este sistema capitalista la acumulación de dinero es el signo. La degradación ideológica obliga a regalar artículos como camisetas, gorras, mandiles, banderines, garrafones, láminas, blocks, despensas, efectivo, etcétera, para llegar a ocupar cargos públicos y, además de los atractivos sueldos, emprender jugosos negocios personales al amparo del poder.
Que particulares busquen a candidatos y a funcionarios de gobierno para embarrarles la mano es una realidad. Baste recordar como ejemplo al empresario argentino Carlos Ahumada que en tiempos de Rosario Robles acostumbraba grabar a quienes acudían a él para recibir dinero, entre ellos René Bejarano y Carlos Imaz.
Pero no solo ellos. Durante el juicio de desafuero Bejarano sostenía que eso era una práctica generalizada para todos los partidos solo que en esos casos no había videos.
Y tenía razón; de eso trata el libro “El rey del cash” satanizado por unos y alabado por otros: de como manejar aportaciones de particulares o de subordinados sin que pasen por la fiscalización legal y disponer de recursos económicos que permitan competir contra los rivales que están haciendo exactamente lo mismo.
Pudiendo mejorar, siempre nos la ingeniamos para empeorar las cosas: es de “humanos”.
En la arena política electoral han irrumpido actores que se enfocan más allá de la corrupción conocida, tolerada y a veces hasta festinada: los narcotraficantes.
El sistema electoral y sus reformas pasan a segundo plano frente a una realidad que aquí está y que se evade: la incidencia del crimen organizado.
Hemos llegado al extremo en el que la voz popular señala a presidentes municipales y hasta a gobernadores como colaboradores del crimen organizado o parte del mismo.
Creer que la democracia nos salvará de este moderno flagelo es de una ingenuidad del tamaño del mundo.
Bien podría quedarse la Guardia Nacional 100 años más y el esfuerzo por eliminar la violencia no verá resultados positivos.
Involucrar a los ciudadanos en guerritas intestinas entre partidos encubre la realidad.
Así como los de Morena no son los enemigos reales, tampoco lo son los verdes, priistas, petistas, panistas, perredistas y las “istas” que queramos agregar.
Cualquier gobernante o político honesto tendría qué decir que la corrupción, la violencia, la pobreza y otros flagelos solamente son los síntomas de la enfermedad y que la enfermedad es el sistema capitalista defendido por los imperialismos que nos sojuzgan.
Así podemos dejar al ejército ad perpétuam, podemos quitar al INE o transformarlo, disminuir consejeros y magistrados electorales o cambiarlos de tajo, reducir diputados y senadores al mínimo o hasta duplicar su número… todo se reduce a cambios cosméticos para maquillar la terrible verdad: nuestra soberanía e independencia están en un hilo.
No necesitan (aún) los grandes consorcios financieros hacernos una guerra militar como fue necesario con Libia o Irak entre muchos ejemplos más, tampoco (aún) una guerra económica como la emprendida contra Cuba o Venezuela.
A México, como a la mayoría de países hermanos latinoamericanos, nos tienen sometidos a una estrategia de violencia enfocada principalmente contra líderes sociales o comunales, contra sindicalistas y periodistas honestos, además dd una deuda externa impagable.
La Guerra Sucia de los sesentas y los setentas contra la población no está hoy encomendada al ejército nacional sino al crimen organizado armado por los emporios capitalistas que mediante miles de células hostigan, agreden y atemorizan a la población.
Feminicidios, trata, extorciones, cobros de piso, secuestros, despojos, mantienen a la sociedad paralizada y a gran parte del antes vigoroso movimiento social inhibido.
Siendo los municipios el eslabón débil, pues su poder económico es inexistente y su capacidad policiaca es endeble, se convirtieron en el primer objetivo de los grupos criminales: por la buena o por la mala.
“Coopelas o cuello” es la realidad que viven los munícipes a lo largo y ancho del país.
Del Fox a AMLO han sido asesinados presidentes municipales, regidores y síndicos.
En esta administración obradorista suman 18 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos; durante el sexenio de Peña fueron 39 alcaldes, 56 regidores y 12 síndicos; 30, 10 y 8 respectivamente en el sexenio de Calderón; apenas 7, 3 y 1 en el de Fox.
Los que están vivos han sido cooptados o de plano tienen mucha suerte.
Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Veracruz y Guerrero encabezan la lista de siniestros; Sonora, Guanajuato, Chihuahua, Chiapas y Jalisco les siguen.
Más de 1,700 policías han sido asesinados del primero de diciembre de 2018 a la fecha; 366 en este 2022.
Si no somos todavía un narco estado falta nada para serlo.
Y las histerias del populacho van entretejiendo historias en torno a esta violencia.
Los candidatos necesitan permiso del narco para competir; unos “malos” dan financiamiento a éste y otros “malos” a aquel; de plano el candidato es parte de una célula criminal o es el mero jefe de la plaza.
Qué difícil resulta entonces ejercer la ciudadanía cuando basta que un gobernante se sienta fastidiado para ordenar la ejecución del latoso.
De los ayuntamientos dieron el salto a las gubernaturas. Ahora es común denunciar que grupos criminales financiaron y apoyaron a cierto grupo o partido.
¿Qué los jueces liberan a los delincuentes? ¿Cómo no hacerlo? Seguro los malosos que por algo son crimen organizado los tienen en su registro y saben de sus familias.
Las terribles historias que se platican en voz baja se dan en la huasteca (con todo y que la mera mera jefa policiaca obradorista sea de la región), en el altiplano y el resto del estado tunero. Es la misma historia en todo el país.
Y buscar de quién es la mano que mece la cuna para tener a nuestro país postrado no requiere mucha ciencia.
Sostengo que estamos sometidos a una guerra sui géneris para seguir siendo una colonia, el patio trasero, la carne de cañón, la bodega que provee al explotador de antes y de siempre.
Quien tiene el poder para detener lo mismo a un jefe del narco como el Chapo mientras deja libres a hijos y subalternos, debe ser el mismo que se atreve a apanicar a un general de cinco estrellas como Cienfuegos, y quien obliga a un presidente a movilizar miles de tropas a su frontera sur para defenderse de una invasión de migrantes.
Durante el proceso electoral de 2017-2018 se contabilizaron 774 agresiones siendo asesinados 48 precandidatos y candidatos en un ambiente de violencia e intimidación.
En el último proceso, año pasado, hubo 910 agresiones contra políticos y candidatos; sumaron 91 políticos asesinados, entre ellos 14 mujeres. Aparte de estas muertes fueron asesinados 14 colaboradores de políticos y 40 familiares.
Sabemos el origen del armamentismo y ese es el origen de la violencia.
La reforma electoral es el pretexto de unos y otros. Con ella y sin ella no hay democracia; a lo más diría que ya vivimos una narco democracia con narco policías y narco autoridades.
