Se ha convocado por cientos de organizaciones de todo el país para llevar a cabo en las principales ciudades de manera simultánea una marcha en defensa de nuestra democracia, que tendrá verificativo el próximo 18 de febrero.
En esta ocasión seria la tercera vez que por motivos similares la ciudadanía sale a las calles a exigir el respeto de los principios básicos en que descansan las instituciones que garantizan la libertad y efectividad del sufragio.
La primera fue el 13 de noviembre de 2022, cuando salieron cientos de miles de personas a la calle en repudio a las iniciativas impulsadas por el ejecutivo para transformar al Instituto Nacional Electoral, con la intención de restarle facultades y debilitarlo, provocando gran molestia social ante la pretendida imposición que fue sofocada bajo el grito: EL INE NO SE TOCA.
Después vino la segunda intentona, al aplicar el Plan B, con una serie de reformas legales y el recorte presupuestal al Instituto, embestida que tampoco tuvo éxito, sin embargo, la persistente intención de apoderarse de los organismos electorales para manejarlos a su antojo aún existe.
El común denominador es su permanente injerencia en los procesos electorales y su afán de controlar todo a costa inclusive de vulnerar a las instituciones y burlar la frágil democracia mexicana con tal de conseguir el triunfo de sus correligionarios.
Ese es el punto fino, por eso ha sido el Presidente que más sanciones ha recibido en materia electoral, en efecto, ningún otro se ha visto con tantas faltas en esa materia; utilizando los recursos públicos, el aparato de Estado e inclusive ha permitido la participación de la delincuencia organizada en los comicios.
En los hechos, tanto sus propuestas como la conducta desplegada resultan un atentado en contra de la democracia mexicana; sus instituciones, principios y bases que la soportan, sobre todo, que su creación, construcción, diseño y permanencia es producto de muchos años de esfuerzos ciudadanos.
Uno de los principios básicos de la democracia electoral, consiste en la equidad en los procesos a efecto de que las contiendas se desarrollen en igualdad de condiciones, evitando que los funcionarios públicos utilicen el aparato del Estado para favorecer a algún candidato.
No obstante, la práctica oficialista tiene como una constante la indebida intervención e injerencia en los procesos electorales, máxime ahora que se inician las campañas para renovar el Poder Ejecutivo Federal, que sin empacho alguno se aferran a sacar provecho de su puesto apoyando a la candidata de su partido e inclusive, sin ningún recato hacen pronunciamientos públicos en actos oficiales.
En esa medida, resulta una obligación cívica salir a la defensa de nuestras instituciones, reglas y principios democráticos, pues son las que garantizan el sostenimiento del pacto social, la pluralidad y el ejercicio del voto libre, universal y secreto.
La pervertida intención de imponer no solo a personas sino además una forma de pensar, son ataques a las libertades que sostienen la armonía social y la riqueza cultural que surge del debate colectivo en la pluralidad del pensamiento.
La lucha por la razón y las libertades, el mantenimiento de las instituciones y el apego a la constitución, son poderosos motivos que por tercera ocasión nos convocan a su defensa.
