La intrincada red de responsabilidades y omisiones gubernamentales que se conjuga en el manejo de lo público, no admite concesiones. Mucho menos si el tema de por medio es uno harto complejo y/o delicado, como ocurre con el tema del agua en la ciudad de San Luis Potosí. La cuestión es que por los más diversos motivos, la gestión pública del vital líquido, que al menos en teoría constituiría un tema de primer orden, ha sido sistemáticamente relegada durante poco más de una década, por los distintos niveles de gobierno que en su administración intervienen.
No ha habido ni un solo nivel de gobierno que no haya terminado usando y/o beneficiándose del tema, ya lo mismo con fines políticos, que comerciales. Desde luego, lo fácil será decir que el tema constituye ante todo un asunto de incompetencia de tal o cual gobierno, sin embargo, ello no alcanzará para disipar la severidad de sus consecuencias para la totalidad de la ciudadanía. Como tampoco hará lo más mínimo para alterar significativamente la amalgama de intereses económicos que su administración conjuga. Porque el agua en San Luis Potosí, además de un problema público, es además un negocio comercial mayúsculo.
No decirlo claramente, además de poco ético, sólo contribuirá a hondar la severidad con la que sus efectos pesan sobre la vida de todos los ciudadanos de la localidad, que día con día nos enfrentamos al drama permanente de no saber si tendremos o no acceso al agua. Mientras que aquellos que hacen su agosto de su insuficiencia o escases, aprovechan la coyuntura para seguirse hinchando los bolsillos, como es que han hecho toda la vida desde que la ineficacia en la gestión de los recursos hídricos de la localidad se ha hecho endémica.
De poco o nada ha valido la intervención de expertos locales y nacionales, de muy poco también la celeridad con la que el actual gobierno federal actual, vía la CONAGUA, ha intentado enderezar la cuestión. Da la impresión de que siguen pesando, –como ya se ha vuelto moneda común en otros temas parecidos–, más los intereses privados de unos cuantos, que las urgentes necesidades de la mayoría de la sociedad, mientras los ciudadanos de a pie nos llevamos la peor parte, pagando de forma extremadamente cara, servicios que no sólo funcionan de modo intermitente, sino además de manera por demás irregular, porque no alcanzan a cubrir de modo eficiente la demanda que existe del agua.
De ahí que no sorprenda en lo absoluto el anuncio hecho el pasado viernes 23 del presente mes, por el titular del gobierno municipal de San Luis Potosí, para informar a la ciudadanía, que la localidad verá comprometida todavía más su acceso al agua, como consecuencia de que la siempre polémica presa de El Realito, dejará en lo sucesivo de prestar el servicio que hasta ahora venía prestando. Servicio que huelga decir, siempre estuvo en calidad y/o regularidad del mismo, muy por debajo de lo que en el papel prometía. Todo ello con el propósito de emprender las urgentes obras de reparación y reacondicionamiento que desde hace años exigía.
Urgencia que si bien se encuentra más que justificada, ante el estado de abandono en el que se ha tenido dicha presa en los últimos años y el apremio que la propia cuestión del agua ha venido representando en la última década, palidece cuando se lo compara con la indulgencia con la que tanto el gobierno municipal de la capital, como el gobierno estatal, gastan alegremente, sumas grotescamente ridículas, para la ejecución de obras y/o eventos de promoción propagandística, cuya celebración no sirve para otra cosa que acicalarle el ego a sus titulares. Al tiempo que se infravalora la complejidad del problema del agua, cual si para resolverlo bastara con apenas algo de voluntad política.
Porque si el tema pasara por el simple mostrar voluntad, ya desde cuando tendría que haberse hecho lo que recién se empieza a reconocer públicamente: la infraestructura disponible resulta insuficiente y se encuentra en un estado de conservación tan deplorable, que aún si la misma estuviera en condiciones de operación medianamente aceptables, tendríamos resultados por demás parecidos a los actuales. El caso es que el día de hoy la viabilidad del suministro de agua en la ciudad se encuentra severamente comprometida, sin que termine de quedar del todo claro, si las medidas que públicamente se sugieren, resultaran suficientes para resolver la cuestión. La estrategia de ignorar sistemáticamente el problema del abastecimiento de agua, promete pasarnos factura desde ya.
Lo que es aún peor, no parece que estemos al tanto, pese a la gravedad de la cuestión, al tanto de la complejidad y/o profundidad del problema que hoy se cierne sobre nosotros. Antes por el contrario, la cuestión se sigue dilucidando con una cortedad de miras por demás grosera. En la que lo que prevalece es la búsqueda del rendimiento político o la ganancia comercial. Con semejantes perspectivas no es de sorprender lo mucho que la cuestión ha escalado en la última década. Y lo mismo está ocurriendo para mal de la localidad para una multiplicidad de cuestiones: seguridad, tráfico vial, cobertura de servicios públicos y un largo etcétera. Sin que la clase política tradicional termine de tomarse tales temas con la seriedad que urgentemente corresponde para asuntos que no pueden seguirse ignorando, so pena de socavar nuestras propias perspectivas de desarrollo.
No es pues momento de seguir ahondando en interpretaciones sesgadas y/o particularistas de la cuestión. Cual si todo pudiera resolverse a punta de ocurrencias, como es que habitualmente parecen resolverse otras cuestiones públicas. Hace falta que la totalidad de los niveles de gobierno se decidan a encarar el actual escenario sin menoscabo de sus propias capacidades. Porque hablar de quedarnos sin agua, no es cualquier cosa. Luego entonces, más valdría que si hiciera lo consecuente para propiciar las condiciones institucionales necesarias para salvaguardar la integridad los genuinos intereses de la ciudadanía, que de otro modo, lo digamos como lo digamos, sencillamente nos quedamos sin agua.
