Hace unos días leí por ahí una pregunta, que sucintamente cuestionaba que en quién se confía más, si en López Obrador o en el INE. Y me dio por pensar que es lamentable ponerlo en esos términos, aunque me queda claro que en las actuales condiciones, es lo que hay; lo que no deja de ser desafortunado, y más para una sociedad como la nuestra, con una inercia presidencialista tan persistente, que de continuo ha puesto en jaque las posibilidades de consolidación democrática.
Hablemos claro: el INE podrá tener numerosas insuficiencias y/o falencias que hacen deseable una reingeniería que lo haga más eficiente y sobretodo mucho menos costoso, –tanto en lo que toca al propio INE, como a lo que se asigna a la totalidad de los partidos–, totalmente de acuerdo, pero hacerlo en los términos originalmente propuestos por el presidente, lesiona severamente su autonomía y sería un fuerte revés a nuestra ya de por sí doliente democracia. ¿A cuenta de qué se ha de precarizar la regularidad del INE? ¿Para seguir engrosando el ya de por sí grotesco asistencialismo clientelar electoral del actual gobierno? Asistencialismo que huelga decir, terminará colapsando sí o sí, y lo que es peor, con cada vez consecuencias económicas más severas, cuanto más se tarde en hacerlo; una historia harto conocida lo mismo en México que en América Latina, porque ya la hemos padecido otras veces.
Ahora bien, aún si no es para engrosar el asistencialismo gubernamental, hay que decir que nunca ha sido buena idea tener una intervención estatal que crece a costa de minar su propia regularidad institucional, por no hablar ya de un sistema de partidos donde la desproporción de las participaciones partidistas cada vez se parecen más a las del viejo régimen del otrora partido hegemónico. ¿Ya tan pronto se nos olvidó por qué se supone que se creó el IFE-INE? ¿Y por qué se supone que sale tan caro votar en México? ¿Otra vez las elecciones en manos del gobierno de turno, cual si no hubiera de todos modos en las actuales circunstancias demasiadas injerencias o intentos de injerencias por parte de todos los gobiernos federales que han pasado, incluido el actual? Las verdades a medias son mentiras completas.
Pasan las décadas y nomás no aprendemos nada, nos gusta pues la mala vida, cual víctimas con Síndrome de Estocolmo; y repito lo que he dicho en otras oportunidades: el sectarismo ideológico –de ambos lados del espectro–, y la falta de honestidad intelectual son siempre muy malos consejeros. Más claro todavía: no es desde la posición militante que conseguiremos dilucidar con seriedad estas y otras cuestiones semejantes. Ya cuando menos por autorrespeto, sino al menos por vergüenza, elevemos el nivel de la discusión. Un instituto electoral excesivamente centralizado y severamente precarizado, no nos hace ningún favor a nadie, gobierne quien gobierne.
¿Ya tan rápido se nos olvidó lo que se discutía las últimas semanas con las innumerables filtraciones que se han hecho y prueban lo mucho que en el nombre de la seguridad se nos tiene alambrado a todos? ¿Se imaginan un INE en manos del gobierno y encima con la sobredimensión que el Ejército ha venido experimentando en la última década? ¡Aguas, nos la estamos jugando de a gacho! Me sorprende que muchos de quienes hoy apoyan acríticamente a la llamada 4T, siendo personas que realmente vivieron en carne propia los momentos más crudos del viejo régimen, infravaloren tan fácilmente aquello que les costó tanto conseguir.
Que sí, que el INE no termina de funcionar como sería deseable que lo hiciera, de acuerdo. Pero al menos es perfectible. Pongámoslo de este modo, si un auto no funciona o funciona mal, se le repara, no se lo cambia por un modelo más viejo; esto es como si se dijera por poner un ejemplo, que como los autos de última generación son muy inestables todavía, lo mejor es que volvamos todos masivamente a conducir autos con más de 50 años de uso. Vean nomás lo que son las cosas, ya de por sí mermada la independencia de los magistrados, ahora vamos por la del propio organismo electoral, centralizándolo y precarizándolo…
¿Qué de plano tan necesario es reformar al INE, como quien dice para terminar de amarrar las elecciones de 2024? ¿Pues no se suponía que la oposición está moralmente derrotada, aniquilada, totalmente hecha pedazos, quesque porque ni las manos mete? Es francamente para dar pena.Semejantes pretensiones por parte del ejecutivo federal, dieran la impresión de que las cosas no están lo que se dice, y le duela a quien le duela, “a pedir de boca” por parte del gobierno.
Ahora bien, ¿un órgano electoral al modo que el presidente propone, quesque para evitar un organismo partidizado, verdaderamente evitará que los partidos se movilicen para incidir a como dé lugar en los perfiles que han de quedar? ¿Y además con una integración de poderes cuya autonomía viene desde origen lesionada? ¿Somos o nos hacemos? Que si, que racionalizar el gasto excesivo, tanto de los partidos como de los propios organismos electorales, parece una medida significativa y hasta deseable, porque el voto en México implica un gasto muy fuerte. Pero hacerlo a costa de perder territorialidad, no parece una medida muy oportuna considerando las implicaciones que ello habrá de tener en términos de representatividad.
Y es que en el modelo actual, la representación de los diputados y senadores obedece a una base territorial, la cual de concretarse la reforma en los términos que el presidente propone, se dejaría sin efecto. Por no hablar de que la elección de diputados sobre la base de listas, una cuestión que nos guste o no, terminará reforzando algo que en teoría se pretende combatir; es decir, la fuerza con la que las burocracias partidistas inciden en la propia elección de las candidaturas. Ahora bien, desaparecer distritos electorales o mantenerlos vigentes, sólo en tiempos electorales –por aquello de ahorrar–, será todo lo políticamente correcto que se quiera, pero de lo que poco se habla, es de que ello puede conllevar riesgos de profesionalización y/o de resolución de problemas y controversias.
Desde luego que es deseable racionalizar el gasto del INE, pero llevar la cosa al punto de precarizar la cuestión, poniendo en riesgo la regularidad del servicio profesional de carrera que hoy existe, podría representar un costo muy oneroso en términos de aprendizaje y funcionalidad de nuestras instituciones electorales. La elección de los consejeros electorales vía el voto ciudadano, pero previa propuesta de listas por parte del poder Legislativo y Ejecutivo, terminará propiciando una extrema concentración de poder por parte del gobierno en turno. Asimismo, la idea de desaparecer los OPLES –Organismos Públicos Locales–, es un severo retroceso a la democracia. Hay que decirlo claramente: El INE no puede hacer ni más barato ni más eficiente lo que hoy hacen las estructuras electorales locales. Pretenderlo implica desconocer y/o infravalorar los riesgos de concentración del poder que conlleva que una entidad nacional termine haciéndose cargo de todo. Algo que resulta ni viable, ni eficiente, mucho menos deseable. Lo de menos sería terminar modificando el nombre del INE, después de todo, cómo se llama o no el organismo para garantizar la celebración de elecciones resulta insustancial.
Pues para terminar pronto, no sería la primera vez que se lo hace. Pero hacerlo para remarcar una visión ideológica particular, por aquello referir nominalmente la celebración de consultas, me parece francamente innecesario. Insisto, si bien el sistema electoral es perfectible, fundamentar sus opciones de mejora a partir de fobias institucionales, o peor aún, sobre la base de rencores personales, no es lo mejor que nos puede suceder.
Para decirlo claramente: La reforma electoral tal y como ha sido planteada originalmente por el presidente López Obrador, resulta sumamente riesgosa, porque vulnera la autonomía del órgano electoral. Lo que en vez de fortalecer la democracia, garantiza el sometimiento del máximo organismo electoral al control del Ejecutivo; algo de semejante envergadura, no tendría siquiera porque estarse discutiendo si se tiene en cuenta lo mucho que costó someter a controles independientes la organización de las elecciones, cuando el otrora partido hegemónico PRI, regía como máxima fuerza política del país. Implica virtualmente regresar el reloj de la democracia cuando menos 50 años.