En el octavo aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, acontecimientos que han dado la vuelta al mundo, por constituir graves y dolorosas violaciones a derechos humanos, aun permanecen abiertas las heridas con pocas esperanzas de que en breve término puedan tener alivio.
Los hechos suscitados causaron gran conmoción a la comunidad internacional y particularmente marcaron un profundo y doloroso hito que permanecerá en los anales de la historia trágica de México, ese episodio ha trascendido las fronteras de la ignominia para ubicarse en el pedestal obscuro de las sombras y las dudas.
El asunto reviste características diversas, su dimensión por el impacto social causado rebasa lo propiamente jurídico, aunque es en este ámbito donde las autoridades tienen la obligación de dar respuestas. La responsabilidad de indagar la verdad histórica; de procurar justicia; de perseguir a los responsables y; de administrar justicia, recae en la fiscalía, ministerios públicos y jueces.
Han pasado dos administraciones a quienes les toca descubrir la verdad histórica de esos sucesos. La actual desestimó las investigaciones realizadas durante el sexenio peñanietista, aduciendo que habían actuado con sesgo. Se encomendó a la Comisión para la Verdad y Acción de la Justicia (CoVaJ), encabezada por el Subsecretario Alejandro Encinas y al titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.Siguiendo las recomendaciones del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), especialmente en la unificación de la investigación, la CoVAJ, después de más de tres años de trabajos sobre el tema, el pasado mes de agosto presenta lo que constituye prácticamente el informe final, por razones de confidencialidad se reservó datos y nombres de implicados, anunciando la solicitud de más de ochenta órdenes de captura.
El documento ha sido calificado de claroscuros, sin embargo, a los pocos días de su presentación obtuvo la aprehensión de quien fuera Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, en la época en que sucedieron los hechos, quien ha obtenido una suspensión provisional en un juicio de amparo.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República, solicito ante el Juez encargado de girar las órdenes de aprehensión, la cancelación de veintiuna de ellas, actuación por demás inusitada, que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ha calificado como inusual y desaseada.
También se filtraron los datos reservados y confidenciales, mismos que se hicieron públicos enrareciendo el ambiente, sobre todo al advertir la participación de militares de alto rango según el contenido del informe en la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes.
Es evidente que algo ocurre al interior de la administración y la Fiscalía, respecto de este asunto, lo que constituye un giro inesperado, a lo que se suma la renuncia del titular de la UEILCA y su desmantelamiento, por lo visto existe un serio conflicto, al estar llevando a cabo acciones contrarias sin información, explicación o justificación alguna, mientras tanto, ya van cien mil desaparecidos.
