Vistas las acciones de la delincuencia organizada en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Baja California, no existe lugar a dudas que se trató de conductas terroristas, pues el despliegue llevado a cabo fue con la intención de causar pánico a la población, inclusive con lamentables pérdidas de vidas humanas, personas completamente inocentes ajenas a esos grupos, que se encontraban en el lugar y momento de los acontecimientos.
La información del gobierno federal al respecto fue por conducto de la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodriguez, quien señaló que se tienen plenamente identificadas las causas de la violencia, haciendo énfasis sobre el control de gobernabilidad y estabilidad en el país, pidiendo a la gente estar tranquila.
Sin embargo, la realidad muestra que la inseguridad está rebasando a las instituciones encargadas de combatirla, las estrategias implementadas no están dando los resultados esperados, las cifras revelan un avance importante en homicidios y un clima de violencia, latrocinio y otras actividades delictivas con gran impacto social, que han puesto en jaque a la administración y atemorizado a la población.
Nos cuesta trabajo creer la explicación de las autoridades de que se trata de acciones desesperadas de la delincuencia frente al embate de que han sido objeto por parte de las fuerzas del orden, cuando ha sido evidente la participación de grupos criminales en los procesos electorales, aspecto que causa suspicacia.
De hecho, desde la breve detención de Ovidio Guzmán, se decidió ponerlo en libertad precisamente por la amenaza latente de realizar actos terroristas, doblando con ello al gobierno quien se vio sometido a ceder en la negociación.
Ahora, de la amenaza se pasó a los hechos creando un verdadero caos a grado tal que la alcaldesa de Tijuana tuvo que pedir que no atentaran contra gente inocente, que solamente agredieran a aquellos que no estaban dispuestos a pagar las extorsiones, lo que implica conocimiento de la autoridad y, el control de los territorios por la delincuencia organizada.
Y no es una cuestión de ubicación de la Guardia Nacional, sino de la ineficacia de la estrategia, las acciones y coordinación, planteamientos que desde hace tiempo se deberían haber corregido y ajustado, sin embargo, se han aferrado a continuar por el sendero del fracaso, los resultados hablan por sí mismos.
La debilidad institucional se pone al descubierto, los mensajes de la delincuencia a través de esos actos revelan y exhiben la ineficiencia de las autoridades, que son incapaces de garantizar la gobernabilidad y el orden, dejando un clima de intranquilidad social.Se requiere fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, discrepó de quienes están de acuerdo en militarizar el país, el fenómeno de la delincuencia organizada y el incremento de la violencia debe observarse desde una perspectiva de seguridad pública y desde ahí, poner en marcha procesos de planeación, estrategias y acciones que realmente sean efectivas, que los resultados sean apreciables en los hechos, haciendo a un lado las simulaciones y declaraciones optimistas alejadas de la realidad.
